Esta PAC supondrá para los agricultores más costes de producción y menos competitividad por las exigencias medioambientales.
La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) sigue insistiendo en la necesidad de definir agricultor activo como aquel que tenga al menos un 25% de ingresos agrarios con respecto a totales y además se encuentra afiliado régimen de seguridad social agraria. “Es fundamental destinar los fondos de las Ayudas Directas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) a quien realmente las necesita y se dedican a ello, los agricultores y ganaderos a título principal”, apunta UCCL.
Durante la Conferencia Sectorial celebrada en el día de hoy para elaborar el Plan Estratégico de la Política Agraria Común, se ha debatido a quien deben destinarse las ayudas directas, y según palabras del propio Ministro los agricultores y ganaderos deben ser los verdaderos beneficiarios.
UCCL ha observado que la definición dada por el ministerio de agricultor activo deja la puerta abierta a todos, debido a que agricultor activo es aquel que esté afiliado al Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios o cuando sus ingresos agrarios sean al menos el 25% de sus ingresos totales o sus ayudas directas sean igual o inferior a 5.000 euros, es decir, si cumples una ya tienes derecho a percibir fondos de la PAC.
En España, según los datos de FEGA en 2020, los perceptores de ayudas directas de la PAC fueron 656.515 de los cuales 445.506 recibieron 5.000 euros o menos de ayudas directas, es decir, el 67,86% de los perceptores cobrarían la PAC sin la necesidad de cotizar a la Seguridad Social agraria o sin demostrar que sus ingresos agrarios suponen una parte significativa de sus ingresos totales. Por tanto, el Ministerio quiere dejar la puerta abierta para que el 67,86% de los beneficiarios de la PAC perciban fondos públicos sin que la actividad agraria suponga una parte importante de su economía.
Igualmente, debe tenerse en consideración que en el año 2019 el 37,43% del presupuesto total de las ayudas directas de la PAC se lo llevó las personas jurídicas que suponen el 8,14% de los perceptores PAC. UCCL propone que las personas jurídicas deban cumplir el requisito de demostrar unos ingresos mínimos del 25% con respecto a sus ingresos totales. Para ello, es necesario que en el Impuesto de Sociedades se incluya una casilla que permita la identificación de los ingresos provenientes al epígrafe IAE correspondiente a la actividad agraria. De esta forma se podrá comprobar de una manera eficaz y rápida que la empresa tiene la actividad agraria como principal.
Por otro lado, será una PAC con una mayor ambición ambiental, donde el 23% de los fondos del primer pilar se destinen a los ecoesquemas. Estos deben ser universales y tener una vertiente ambiental pero también social, además de que los nuevos requisitos exigidos deben ser compensados económicamente para garantizar la producción de alimentos de calidad.
La mayor ambición ambiental va a suponer una pérdida de competitividad para los profesionales agrarios de España, que nos va a situar en una situación de desventaja frente a otras potencias agrícolas favoreciendo una competencia desleal desde la propia Unión Europea. Por ello, UCCL exige que se respeten los principios de reciprocidad y no permitir la entrada de producciones que no cumplan las mismas normas y exigencias que nos piden en la Unión Europea.
