UCCL respalda la reducción del 10% del límite de producción en Ribera del Duero porque apuesta por la calidad y el futuro de la Denominación, pero reclama responsabilidad a las bodegas y precios justos para los viticultores.
UCCL recuerda que la situación actual es consecuencia de las malas decisiones impulsadas por ASEBOR, aunque apoya la rebaja del cupo de uva tinta.
La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) considera que la situación actual de la Denominación de Origen Ribera del Duero no es fruto de la casualidad, sino consecuencia directa de las decisiones adoptadas durante los últimos años en el seno del Consejo Regulador, impulsadas y respaldadas por ASEBOR, que han favorecido un crecimiento del potencial productivo sin el control y la prudencia que exigía el mercado.
Ese crecimiento, basado en nuevas plantaciones, conversiones de derechos y replantaciones procedentes, en muchos casos, de fuera del territorio de la Denominación, ha resultado insostenible y ha contribuido a generar un desequilibrio que ahora obliga a tomar medidas.
La organización recuerda que, desde 2017, viene advirtiendo de este riesgo, denunciando que las decisiones adoptadas seguían un camino equivocado y tratando de concienciar al resto del consejo sobre la situación que se estaba gestando, con el objetivo de evitar la deriva que finalmente nos ha conducido a la crisis en la que nos encontramos. En 2025, UCCL intentó frenar el acuerdo sobre plantaciones mediante un recurso presentado ante la Junta de Castilla y León que finalmente no prosperó, al considerar que no bastaba con limitar parcialmente las nuevas plantaciones mientras continuaban abiertas otras vías de incremento de superficie productiva. A juicio de UCCL, aquellas advertencias se ven ahora confirmadas por la necesidad de reducir el rendimiento máximo autorizado para la uva tinta.
«La calidad tiene un coste. Mantener viñedos cuidados, limitar rendimientos, vendimiar en el momento adecuado y producir una uva de calidad exige rentabilidad. No se puede exigir calidad y, al mismo tiempo, presionar los precios a la baja», subraya la organización.
Pese a ello, UCCL apoya la decisión del Consejo Regulador de rebajar en un 10 % el límite máximo de producción de uva tinta, pasando de 7.000 a 6.300 kilos por hectárea, al considerar que se trata de una medida necesaria y coherente con el modelo que debe defender Ribera del Duero: calidad, prestigio, diferenciación, relevo generacional y futuro para la Denominación de Origen.
Desde UCCL se insiste en que Ribera del Duero no debe competir en volumen, sino en calidad, territorio y valor añadido. Por ello, la reducción del rendimiento máximo debe entenderse como una decisión responsable para proteger el prestigio de sus vinos, reforzar la posición de la Denominación y mantenerla como un referente internacional de calidad.
Como complemento a la reducción de los rendimientos en viñedo, UCCL planteó bajar el porcentaje máximo de extracción de vino en bodega, así como otra serie de medidas que influyen en rendimientos de bodega y viñedo, que hacen en otras DOs de Castilla y León, y otras figuras de calidad de España, todo ello para reforzar la gran calidad y la diferenciación de los vinos de Ribera del Duero como elementos clave para el futuro de la Denominación y de sus Viticultores.
La organización considera que esta medida debe servir para corregir el rumbo y abrir una reflexión seria sobre el modelo de crecimiento de la Denominación. Reducir los rendimientos puede ser positivo si se acompaña de una estrategia clara orientada a ordenar el potencial productivo, reforzar la promoción, defender el valor de la uva y garantizar que el viticultor siga siendo una pieza esencial en el futuro de Ribera del Duero.
UCCL apoya la reducción a 6.300 kilos por hectárea porque considera que es una medida necesaria para preservar la calidad y el futuro de Ribera del Duero, pero exige que el coste de esta decisión no recaiga exclusivamente sobre los viticultores. La defensa de la calidad debe ir acompañada de precios dignos para la uva, que cubran los costes de producción, del compromiso de las bodegas con la sostenibilidad económica del sector y de una revisión seria del modelo de crecimiento y de las decisiones que han llevado a la Denominación a la situación actual.
