Las cifras estimadas en el estudio de costes de la Denominación de Origen (DO) de la Ribera de Duero, publicado este jueves por la Junta, están muy por encima de los precios ofrecidos a viticultores. Culpamos de la crisis al Consejo Regulador de Ribera de Duero, que ha permitido una sobreplantación de viñedos y no ha protegido a los viticultores. La organización ha solicitado la dimisión del pleno en su conjunto y ha exigido responsabilidades a su director general.
El responsable del sector vitivinícola de Ribera de Duero en UCCL, Alfonso Domingo, ha denunciado este viernes en un comunicado que se han cumplido los pronósticos que augurábamos para la venta de la vendimia de esta temporada y que no han sido escuchadas en los debates del Consejo.
“Con las vendimias 2026 ya en la recta final, con casi 109 millones de kilos recogidos, y una tercera parte de las bodegas habiendo finalizado su vendimia, se han cumplido todos los pronósticos que hacíamos desde UCCL”, ha denunciado Domingo.
Gran parte de los viticultores están vendiendo sus cultivos entre los 15 y los 60 céntimos debido a una saturación del mercado de uva por al exceso de plantaciones.
Ni siquiera la reducción del 10% del rendimiento del viñedo tinto en esta temporada ha logrado frenar la oferta. Muchos viticultores han optado por no vendimiar la totalidad de la producción por miedo a venderla debajo del precio de coste.
Guerra de precios
Las cifras publicadas este jueves en el estudio de costes de la Denominación de Origen de la Ribera de Duero por la Junta de Castilla y León, que oscilan entre los 0.79 a 1.09 euros por kilo, están muy por encima de lo pagado actualmente a los viticultores.
Denunciamos que el informe admite no tener en cuenta la diferencia entre los costes de producción de las distintas viñas de Ribera ni el coste de la mano de obra del viticultor.
“No podemos valorar la rentabilidad dando por hecho que el viticultor trabaja gratis”, ha apostillado Domingo.
Culpamos al Consejo Regulador, Europa exige que la plantación del viñedo cuente con un permiso propio, por lo que la sobreplantación se relaciona con una dejadez de funciones por parte de este órgano.También exigimos a su director general que asuma responsabilidades por las consecuencias de esta crisis.
“Esta guerra de precios demuestra la inoperancia y malas decisiones del pleno, dirigido en su mayoría por Asebor, que no han sabido proteger ni a los viticultores ni a muchas bodegas”, ha denunciado Domingo,
Hemos solicitado desde 2017 que el crecimiento en las plantaciones se canalice únicamente por las admitidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Aunque esa vía se ha limitado, se han mantenido abiertas las replantaciones y la conversión de derechos, permitiendo incorporar superficie de fuera de la DO.
En el último registro habilitado por la Junta, de fecha 27 de agosto, figuran 21.785,25 plantaciones hasta 2017 y un incremento de 8.257,45 entre 2018 y 2024.Denunciamos que esto supone un incremento del 40 %, que aún no recoge las plantaciones posteriores a esta fecha.
“Con este resultado de la sobreplantación está en grave riesgo el viñedo antiguo de nuestra denominación, ese que tanto dice el Consejo Regulador que hay que proteger, porque es nuestro origen, presente y futuro”, ha afirmado Domingo.
Una economía en riesgo
Denunciamos que esta realidad pone en riesgo el sector vitivinícola. Agradecemos a las bodegas que sí han sabido entender las dificultades de este sector y han mantenido el precio de la uva.
“Agradecemos el compromiso de aquellas bodegas que, aun siendo conscientes de las dificultades del sector, han mantenido los precios y su apoyo a los viticultores, apostando por la denominación y por el futuro de la comarca”, ha declarado Domingo.
Exigimos a la Junta de Castilla y León que vigile el cumplimiento de la Ley De La Cadena Alimentaria, inspeccione contratos y liquidaciones, compruebe los costes reales de las explotaciones y complete el estudio, incluyendo el trabajo propio y las distintas formas de producir de la D.O de Ribera del Duero. Además, solicitamos mayor democracia en el funcionamiento de los Consejos Reguladores.
